Medida se realizó a pesar de suspensión a nivel nacional Paro de transportistas en Huancayo sorprendió a citadinos 
Piden rebaja del costo del combustible y anulación del SOAT A pesar de que medida fue suspendida hace varios días por la dirigencia de transportistas a nivel nacional, dirigida por Omar Calderón y Manuel Oriana, los transportistas de la ciudad de Huancayo (Junín), realizó un paro de 24 horas en demanda de la rebaja del precio del combustible y la anulación del SOAT, así como por demandas locales. La medida agarró desprevenidos a los pobladores, quienes creían que no habría paro.
Según versiones periodísticas, el paro habría sido acatado en un 70% por los transportistas, pese a las diferencias existentes entre los diversos gremios. De esta manera los mototaxistas, taxistas y el transporte interurbano acompañaron la medida con una breve manifestación por las calles de la ciudad. Alrededor de 200 manifestantes marcharon desde el distrito del Tambo hasta la plaza principal.
Por otro lado, en horas de la mañana, un grupo de choferes intentó bloquear la carretera que los comunica a Lima sin obtener buenos resultados por la rápida acción policial.
Es de anotar que entre las demandas de los transportistas también se encuentra la anulación de papeletas que tanto el municipio y la policía vienen imponiendo como consecuencia de la falta de permisos correspondientes. Por ejemplo, en cuanto a las autorizaciones de circulación existen muchas líneas cuyas rutas ya están vencidas, explicó Eduardo Cárdenas, periodista de la zona.
En la manifestación también participó un grupo reducido de la CGTP-Junín y de los despedidos del sector público de la región, quienes solicitaban la aprobación, por parte del ejecutivo, de la ley que anula el cobro por renta básica en el servicio telefónico.
Este paro muestra las descoordinaciones existentes en el gremio de transporte a nivel nacional, debido a que a pesar de haberse suspendido la dirigencia de Huancayo optó por llevarla a cabo. (MERJ)
Declaraciones de Castañeda avivan el fuego en gremios CGTP y CTP manifiestan su desacuerdo Hace unos días el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, anunció que declararía zona rígida al Centro Histórico de Lima, para que éste ya no sea testigo de tantas manifestaciones.
El burgomaestre limeño dijo que esta medida es a fin de proteger a los comerciantes que trabajan en esta zona y que el año pasado se vieron afectados por las constantes protestas que se realizaron en el centro de Lima. "Ésta es una medida civilizada y democrática", afirmó.
Ante esto, la respuesta de los gremios no se hizo esperar. Representantes de la Confederación General de Trabajadores del Perú -CGTP y de la Confederación de Trabajadores del Perú- CTP (gremios que agrupan a varios sindicatos a nivel nacional) manifestaron su desacuerdo ante la disposición municipal mediante el cual se cerrará el centro de Lima para las manifestaciones públicas.
De "abuso y violación de la Constitución del Estado" tildó Elías Grijalva, alto dirigente de la CTP, la disposición de la comuna limeña. Por su parte, Manuel Cortez Fernández, secretario de Defensa de la CGTP, reaccionó de manera similar, y acotó que su representada seguirá organizando manifestaciones y mítines en la zona histórica de la capital. "Si quieren confrontación, habrá confrontación", sentenció tras afirmar que los trabajadores y en general los peruanos, tienen el derecho de desplazarse por donde deseen, siempre que lo hagan sin alterar el orden público.
Pero no todos discrepan con Castañeda Lossio. Los comerciantes del centro de Lima apoyaron dicha medida. Salvador Ode, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro de Lima, manifestó que las marchas y mítines estaban ocasionando grandes pérdidas a la actividad comercial, al igual que las manifestaciones religiosas y folclóricas. "Ya era hora de que se normalicen las actividades en una zona tan importante", indicó.
Lo cierto es que la ordenanza municipal que declara zona rígida al Centro Histórico de Lima -nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO- será promulgada mañana miércoles, según informaron voceros ediles. (FIVD)
Frustrado encuentro de cocaleros en el Congreso Tras no haber sido recibidos dentro del Congreso de la República, más de un centenar de agricultores cocaleros iniciaron en plena Av. Abancay, al promediar el medio día de ayer, el Primer Encuentro Nacional de Productores de hoja de coca, encabezados por el congresista Michel Martínez y los dirigentes de las 14 cuencas productoras de coca.
Secundados por un numeroso grupo de agricultores portando pancartas y con polos que a la letra decían "La coca no es droga" exigían la renuncia de Nils Ericcson, presidente de Devida, en vista que -según ellos- el programa de cultivos alternativos es insuficiente y no ha demostrado resultados reales.
Los dirigentes cocaleros consideran que Devida no está trabajando realmente como hace creer a la opinión pública y más bien las erradicaciones que se han logrado se han hecho mediante engaños y a la fuerza.
Mientras que este fin de semana Devida publicaba un comunicado en el que anunciaba que este año aumentaría la erradicación de la coca luego de anunciarse que en el 2002 se habrían irradicado más de 7 mil hectáreas, según la institución que dirige Nils Ericcson Correa, se seguirá aplicando estos programas. Este año Devida planea invertir unos 12 millones de dólares en la zona de Tocache dentro del convenio de canje de deuda externa.
Durante el improvisado encuentro, Nelson Palomino, dirigente de los cocaleros del Valle del río Apurímac-Ene habló a sus compañeros conminándolos a esperar la renuncia de Nils Ericcson, pese a que hizo un llamado al cambio de la política cocalera de la manera más pacífica posible "no pisaremos el palito", no negó la posibilidad de que en el Perú se emulen las acciones de los cocaleros en Bolivia. (Patricia Sánchez Arana)
Esta vez por partida doble:
Jubilados se alistan para marchar a nivel nacional
ASEIPSS marchará hacia Palacio el 30 de enero
Asimismo, la Cenajupe lo hará el 19 de febrero
Cansados de los constantes "atropellos" a sus derechos -como califican-, los jubilados del Perú vienen coordinando una serie de movilizaciones para los próximos meses a fin de reclamar, entre otras cosas, un justo aumento de pensiones, sobre todo para aquellos que perciben mensualmente la "suma irrisoria" de S/. 270.
Así lo informó el presidente de la Central Nacional de Jubilados del Perú (Cenajupe), Hernán Espinoza Segovia, quien manifestó que su representada, apoyada por todas sus bases a nivel nacional, ha convocado a una marcha de sacrificio a Lima a realizarse el 19 de febrero próximo.
"Esto se ha decidido en nuestra última reunión. Lo que solicitamos es el aumento de pensiones, sobre todo para aquellos que cuentan con pensiones irrisorias de S/. 270 al mes, y que este aumento no salga de la Caja Fiscal sino de los dividendos generados por Electro Perú durante los años 2001 y 2002", aseveró.
Espinoza Segovia también declaró que la acefalía de la ONP sigue ocasionando problemas a los jubilados. Al respecto señaló que se encuentra en contra de la decisión de la ONP que obliga a los pensionistas de la 1990 a devolver las 'pensiones provisionales' que por cerca de 6 meses habrían estado percibiendo por disposición del gobierno central en vista de que este organismo no resolvía los cerca de 30 mil expedientes que se encontraban pendientes.
"Lo que pasa es que la ONP dijo que sólo otorgaría pensión vitalicia a aquellas personas cuyos expedientes no fueran observados. Sin embargo, pasaban los días y la ONP no resolvía, por lo que el gobierno central dispuso estas pensiones provisionales. Ahora, después de 6 meses, la ONP ha observado entre 5 mil y 7 mil expedientes, otorgándoles plazo de 15 días para que los jubilados devuelvan entre 2.180 y 2.400 soles. Ese monto lo debería asumir la ONP", sentenció el dirigente.
Por otro lado, Juan Peña, presidente de la Asociación de Ex Trabajadores del IPSS (ASEIPSS), que asocia a los jubilados de la Ley 20530, indicó que su representada también coordina a nivel nacional una marcha hacia Palacio de Gobierno para el próximo 30 de enero.
"En vista que hasta la fecha no se ha cumplido el fallo del Poder Judicial -de nivelar las pensiones-, hemos decidido marchar hasta Palacio de Gobierno el 30 de este mes (...) Venimos coordinando acciones de protesta inéditas y extremas para ejercer presión sobre el gobierno, mayores que el desangramiento de nuestros agremiados", acotó Peña.
También dijo que ya han presentado acción de amparo para que se resuelva sobre la pensión de viudez que ha sido recortada y la puesta en ejecución del fallo del Poder Judicial.
"De ser necesario, iniciaremos demanda judicial a los que se oponen a acatar dicho dictamen", enfatizó.
La ASEIPSS se reunirá el próximo 28 de enero, 48 horas previas a su medida de protesta, para ultimar detalles y evaluar los avances de las negociaciones con las respectivas autoridades del gobierno. (FIVD)
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